Vecinos de Moín se manifiestan molestos por desalojos y derrumbes de casas

En las últimas semanas Moín, situada al oeste del cantón centra de Limón, se ha visto envuelta en una serie de acciones que, con orden de un juez de la República, las autoridades han debido ejecutar.

Policías fuertemente armados han cerrado sus calles, viviendas desalojadas y derrumbadas en cuestión de horas, familias que se han quedado a la deriva sin un faro de luz, que les brinde la esperanza de un puerto seguro.

Hombres de trabajo, pescadores, comerciantes independientes, obreros, madres solas que velan por sus hijos, ancianos y niños, han quedado literalmente en la calle.

Según denuncian, esto, sin que el Ministerio de Educación Pública (MEP) se preocupe por estudiantes, que al no tener casa, dejaron de asistir a lecciones; de la mano, según dicen, de la ausencia del Patronato Nacional de la Infancia, y del nulo acompañamiento del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU).

Esto se suma, aseguran, al abandono del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), por lo que han tenido que optar por la solidaridad que entre ellos mismos se están brindando, en medio de la desesperanza.

Familias que en algunos casos generación tras generación se han desarrollado en tierras cuya adjudicación se dan Japdeva, Incofer y el ICT, entidades estatales que acudieron ante los Tribunales judiciales para “sacar” de estas tierras a familias que tienen hasta 80 años de vivir allí, los mantiene sumidos en una zozobra total.

Uno de los principales reproches de los locales, es ser encasillados "como una comunidad dedicada al narcotráfico” por parte de las autoridades.

Es debido a eso que una importante representación de vecinos se manifestaron pacíficamente, en los escombros de tres de las últimas casas que fueron derrumbadas por las autoridades, en las cercanías de la plaza de fútbol de la comunidad.

“Tenemos temor, nosotros hemos visto como botan casas aquí sin darle a la gente derecho de nada, es lamentable ver como el presidente ni nadie de su gobierno ha querido presentarse aquí, es un pecado porque aquí hay niños, habemos madres solteras, también muchachas que estudian, hay niños que estudian y no van a clases y es una injusticia que hagan esto con la gente, aquí es un pueblo bonito, es decir aquí no hay narcos”, manifestó Yesennia Brenes vecina de la localidad y quien es Madre y abuela que trabaja por su familia.

Para Daniel Quirós Ramírez, que se hizo presente para manifestarse, “esto inició desde el 2012, cuando se inició el proyecto Limón Ciudad Puerto que, por dar grandes beneficios a grandes empresas extranjeras, han querido sacarnos de nuestras tierras, porque estas son nuestras tierras, ese mar es nuestro, somos costarricenses nacidos en estas tierras y no puede ser posible que un gobierno nos desampare".

"Recuerde una cosa señor presidente Rodrigo Chaves nosotros somos el estado, nosotros somos sus jefes, y quiero invitar no solo al presidente, quiero invitar también a los 5 diputados de Limón que así como llegaron a pedir sus votos a Moín que vengan a dar la cara y trabajen por Moín, recuerden que nosotros somos sus contratantes, que los contratamos para proteger nuestros derechos y como costarricenses tenemos derechos y deberes, cumplan con los suyos, vienen y hablan de narcotráfico, ahí está APM que es por donde sacan la droga, en una casa aquí no han encontrado droga, ¿están hablando de daño ambiental? ¿Que más daño ambiental que el que ha hecho Apm señores? Pónganse la mano en el corazón, ustedes están mintiendo para sus bienes y lucros económicos", agregó.

De acuerdo con Quirós, esta semana se presentarán con un grupo de vecinos en Casa Presidencial, en San José, donde esperan ser atendidos por el propio mandatario.

Durante toda esta situación que enfrenta la comunidad han surgido líderes que sin saberlo, pensarlo y menos proponérselos, se han convertido en los “Ángeles de la guarda” de familias que de un día para el otro, han quedado en la calle , es este el caso de Sharen Clark, que desde su nacimiento ha vivido en Moín y conmovida por el dolor y sufrimiento del drama de personas a las que hasta hace poco tiempo apenas y los había visto, se ha volcado en ayuda para ellos, no sin dejar de percibir y sentir también el miedo de perder todo lo construido con los años.

“Nosotros vivimos muy angustiados, porque nos están sacando de una manera muy arbitraria, porque en muchos casos ni siquiera nos han venido a dar una notificación previa o una advertencia, simplemente vienen con el MINAET u otras dependencias, toman fotos y dicen que están tomando medidas para evaluar la propiedad y ya días después vienen con una notificación y dicen, que tienen 10 días para desalojar la propiedad porque simplemente es propiedad del estado, cosa que nosotros sabemos pero también considero que tenemos derechos", dijo.

"Ustedes pueden ver, las señoras de aquí en esta propiedad que derrumbaron, ellas no tienen un perfil de narcotraficantes como nos están pintando ellos ante el país y yo creo que eso es muy injusto, porque a nosotros no nadie nos podría probar que vivo del narcotráfico, somos una familia decente que trabajamos día con día para llevar los alimentos a nuestras casas, mire usted a estas señoras, son 2 señoras mayores, con hijos y nietos, no tienen a dónde meterse después de que las sacaron de casas", agregó.

Añadió que después de que se las derrumbaron "dicen que son casas de narcos, lástima que no las vieron antes de derrumbarlas y que nosotros no les tomamos fotografías, para que vieran que eran casitas muy pobres en las que niños y adultos mayores eran quiénes habitaban, por dicha les hemos podido ayudar a meterse en propiedades sin terminar, por unos meses, porque vea, el MEP, el IMAS, JAPDEVA, INCOFER, ICT y el INAMU, y menos esa ASOPAM se ha preocupado por los adultos mayores que son lanzados a la calle”.

Para José Meneses, trabajador de pesca artesanal: "La comunidad se pregunta, como una localidad con más de 80 años de fundada, con escuelas, colegios, iglesias, plaza de futbol, comercios y hasta un cementerio, de pronto resulto ser de tanto interés de esas entidades, qué interés de verdad tiene JAPDEVA, el INCOFER o el mismo ICT, de sacarlos sin siquiera un plan para reubicarlos, un plan de algún proyecto para la zona, pero sí nos están sacando por poquitos en poquitos, yo me pregunto sí durante más de 8 décadas han sido tierras que no nos pertenecían, porque todas tienen servicios públicos como agua, luz, teléfonos y hasta internet, entonces si somos tan ilegales como nos dieron agua y luz, ¿que es lo que se esconden?"

"Será traer empresas poderosas como APM TERMINALS, que al principio cuando llegaron hasta organizaban reuniones con la comunidad y llevaban hasta juguetes para los niños y ofrecían que los beneficios para la comunidad serian inmejorables y nos mentían de manera descarada, 3 o 4 años después, solo desgracia a Limón trajeron y de no ser por el turismo y el trabajo de nosotros esto ya se lo hubieran robado o serian ellos los ilegales y a nadie le importaría”, finalizó Meneses.

De momento son alrededor de 100 propiedades y cerca de 650 a 750 personas entre niños, mujeres, adultos mayores, hombres y personas minusválidas los que enfrentan esta zozobra.