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En un acto sin precedentes, el Tribunal de Juicio de Goicoechea se ha trasladado al territorio indígena Bribrí para llevar a cabo un juicio por peculado. Este se desarrollará del 17 al 19 de junio en las instalaciones del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), sede Bribrí de Talamanca, Limón. La acción refleja un esfuerzo por acercar la justicia a todas las comunidades, garantizando así el acceso equitativo a los procesos judiciales.
El juicio, que inicia a las 8:30 a.m. cada día, involucra a una exfuncionaria del Ministerio de Educación Pública, identificada por el apellido Pitar. La acusada enfrenta cargos por el delito de peculado, en perjuicio de los deberes de la función pública. Según la acusación, Pitar, quien se desempeñaba como directora de un centro educativo en 2015, habría ideado junto a un cómplice un plan para sustraer fondos públicos.
El plan supuestamente consistía en presentar facturas de bienes y servicios no autorizados por todos los miembros de la junta ni necesarios para el centro educativo. Bajo el pretexto de urgencia, se solicitaba al contador de la junta la emisión de cheques para sufragar estos gastos sin el debido acuerdo de la junta de educación.
Se presume que los cheques, que sumaban un total de 1.446.135 colones, fueron retirados y utilizados por la imputada. Las transacciones cuestionadas incluyen pagos por muebles de cocina, reparaciones y utensilios, los cuales no estaban debidamente justificados.
El tribunal está integrado por los jueces Andrés Saborío Cascante, María Ester Vargas Monge y Ericka Calvo Navas. Además, participan el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República como representante del Estado en su condición de actor civil, junto con la defensa particular de la acusada.
Este juicio no solo pone en el centro de atención la corrupción y malversación de fondos en instituciones públicas, sino que también destaca la importancia de llevar la justicia a todas las comunidades, incluidas las indígenas. El traslado del tribunal al territorio Bribrí es un paso significativo hacia la inclusión y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el sistema judicial costarricense.
A lo largo de los tres días de debate, se contará con la participación de ocho testigos, quienes aportarán sus testimonios para esclarecer los hechos. La resolución de este caso será un precedente importante para futuros procesos judiciales en territorios indígenas y para la lucha contra la corrupción en el ámbito educativo.
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