Leda (nombre ficticio para proteger su identidad) trabajaba en un multiservicio en Limón, donde conoció al hombre que se convertiría en su agresor. Según su relato, el chofer que la transportaba comenzó a entablar una relación amorosa con ella, que en un principio parecía saludable. Sin embargo, con el tiempo, Leda descubrió el lado oscuro de su pareja, quien no solo la maltrataba, sino que también contaba con el apoyo de su familia para hacerle la vida imposible.
“He sufrido todo tipo de maltratos”, comenta. "Hasta su familia me humillaba por no tener documentación, aunque soy costarricense."
El 31 de agosto de 2023, Leda presentó una denuncia formal por golpes y fracturas, logrando que se dictara una orden de alejamiento contra su expareja. Sin embargo, la orden ha sido ignorada en múltiples ocasiones. "El agresor les decía a sus familiares: 'Hagan lo que quieran con ella, no tiene a nadie que la defienda'", relata Leda.
A pesar de la orden de alejamiento, el hombre ha seguido amenazándola y, en uno de los incidentes más graves, ingresó a su vivienda armado, donde abusó sexualmente de ella. "Estoy cansada de luchar sola. He sido ultrajada y sigo recibiendo llamadas amenazantes. ¿Qué más esperan las autoridades, otro femicidio?", expresó la víctima, quien siente que el sistema le ha fallado.
Leda ha tenido que mudarse ocho veces, buscando seguridad para ella y sus hijos. A pesar de todos sus esfuerzos, el temor constante sigue persiguiéndola. "Seguiré luchando, aunque sé que mi final será la muerte", comenta entre sollozos, visiblemente afectada por la impotencia y el miedo.
Este caso no solo evidencia la ineficacia del sistema judicial en la protección de víctimas de violencia de género, sino también la falta de respuesta de las autoridades ante situaciones que ponen en riesgo la vida de las mujeres. A pesar de las medidas cautelares y las denuncias presentadas, la vida de Leda sigue en peligro, mientras el agresor continúa libre y las instituciones no actúan con la prontitud necesaria.
La lucha de Leda refleja una dolorosa realidad en la que las víctimas de violencia de género en Costa Rica enfrentan un sistema que muchas veces no responde a sus necesidades ni garantiza su protección. ¿Cuántas más tendrán que sufrir antes de que las autoridades tomen acción efectiva?
Este caso pone nuevamente en tela de juicio la capacidad de respuesta de las instituciones judiciales y de seguridad en situaciones de violencia de género, donde cada día que pasa sin acción, el riesgo de un nuevo femicidio se vuelve más real.
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