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Este miércoles fue presentado un proyecto de ley que busca castigar los delitos contra la dignidad humana que tiene su origen en el racismo.
La diputada Katherine Moreira, impulsora de la iniciativa, indica que el proyecto “establece el marco normativo para asegurar la garantía del respeto, protección, cumplimiento y promoción de los derechos de igualdad y equidad; así como erradicar el racismo, prohibir la discriminación étnico-racial y formas conexas de intolerancia”.
Durante los últimos meses, el país ha vivido una serie de actos racistas que han sido denunciados por lo medios de comunicación, tanto en espacios deportivos como en centros educativos. Pese a esto, existe poco margen de acción para sancionar a aquellos que provocan efectos, principalmente, psicológicos, a las víctimas.
Dentro de los delitos que se establecen se encuentran el maltrato físico o psicológico, restricciones a la libertad de tránsito, restricciones a la autodeterminación étnica, la sustracción, apropiación y daño patrimonial, la limitación al ejercicio del derecho a la propiedad, daños al patrimonio cultural.
Las sanciones establecidas van desde multas económicas hasta la prisión, de acuerdo con la gravedad del delito.
Otro de los componentes más importantes que se incorporan en la iniciativa de ley, es articular campañas educativas y de comunicación para la promoción de la igualdad y la erradicación de la discriminación étnico-racial, así como, promover, asesorar y garantizar la participación de organizaciones y personas en materia de la erradicación de la discriminación étnico-racial en las políticas públicas.
Además, el proyecto endurece las penas establecidas, también castiga la difusión, distribución, exhibición, publicación, organización o financiamiento de material discriminatorio, o que, promueva o aliente estereotipos, prejuicios o sesgos que inciten a otras personas a rechazar, desprestigiar, odiar, discriminar o a cometer actos de violencia a otra acción que constituya un hecho ilícito contra una persona o un grupo de personas por motivos étnico-raciales.
También establece una pena de seis meses a dos años de prisión a la persona que forme parte de una organización que se inspire en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o busque promover los discursos de odio y la discriminación basada en motivos étnico-raciales.
El proyecto, crea como nuevas causales que facultan al trabajador o al patrono para dar por terminado su contrato de trabajo, cuando exista discriminación étnico-racial.
“Este es un proyecto que aplica en todas las direcciones, no se trata de defender solo a un grupo étnico, sino a quienes se sientan afectados por un tratodiscriminatorio de carácter étnico-racial”, aseguró la legisladora Moreira Brown.
