Presidenta convoca a presidentes de supremos poderes

Reunión girará alrededor del tema de seguridad.

La presidenta de la República, Laura Fernanández, convocó a los presidentes del Poder Judicial y Legislativo a una reunión.

La mandataria quiere sentar nuevamente en una misma mesa a los máximos representantes de los tres poderes del Estado para discutir uno de los problemas que más preocupa a los costarricenses: la seguridad.

Fernández propuso que la reunión se realice el viernes 21 de agosto, a las 10 de la mañana, en Casa Presidencial.

La invitación fue dirigida al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, y a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez Fallas.

Fernández planteó que la reunión no se limite a un intercambio de posiciones, su intención es establecer metas, plazos y responsabilidades concretas para cada uno de los poderes frente a los desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad.

La propuesta llega en un momento particularmente sensible para las relaciones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.

Durante las últimas semanas, ambos poderes han protagonizado fuertes diferencias relacionadas con la estrategia contra el crimen, el presupuesto judicial, las reformas que impulsa el Gobierno y la necesidad de preservar la independencia de la justicia.

Uno de los principales puntos de fricción ha sido precisamente la forma en que debe responder el Estado al avance de la criminalidad y del crimen organizado.

Mientras el Ejecutivo insiste en que Costa Rica necesita cambios profundos y respuestas más contundentes, desde la Corte se ha defendido la autonomía del Poder Judicial y la necesidad de que cualquier reforma respete las competencias constitucionales de cada institución.

La tensión llegó incluso a afectar la participación del Poder Judicial en espacios de coordinación relacionados con seguridad.

Ahora, ambas partes parecen abrir una nueva puerta al diálogo.

El propio presidente de la Corte Suprema ha manifestado disposición para retomar las reuniones entre los jerarcas de los Supremos Poderes, aunque con una condición fundamental: que exista una coordinación institucional sin subordinación y con reglas claras.

Ese planteamiento coloca la próxima reunión ante un escenario distinto.

No se trata únicamente de sentar a tres autoridades alrededor de una mesa, el verdadero desafío será determinar si pueden encontrar puntos de coincidencia después de semanas de confrontación pública.

Fernández quiere resultados

La presidenta ha dejado claro que el tema central será la seguridad y que la ciudadanía espera algo más que discursos, por eso propone que del encuentro salgan compromisos definidos, con responsables y fechas claras, la idea adquiere mayor relevancia en un país golpeado por el crecimiento de la violencia y por la actividad de organizaciones vinculadas al crimen organizado.

Para el Gobierno, la respuesta requiere modificaciones legales y una mayor coordinación entre las instituciones.

Para el Poder Judicial, esa coordinación debe mantenerse dentro de los límites establecidos por la Constitución y sin poner en riesgo su independencia.

La Asamblea Legislativa tendrá además un papel determinante, porque buena parte de las reformas que pretende impulsar el Ejecutivo deberán pasar por el Congreso.

Una reunión bajo la mirada pública

Fernández también propuso que la sesión sea transmitida en vivo por las redes sociales de Casa Presidencial y, si los otros poderes están de acuerdo, por sus propias plataformas, con ello, la mandataria pretende que la discusión sea pública y que los ciudadanos puedan conocer directamente las posiciones de quienes tienen bajo su responsabilidad tomar decisiones frente a la crisis de seguridad.

La convocatoria representa un intento por bajar la tensión y abrir un nuevo capítulo en una relación institucional que ha estado marcada por diferencias.

El 21 de agosto, la pregunta no será solamente si los tres poderes pueden sentarse juntos.

La verdadera prueba será si pueden salir de esa mesa con acuerdos concretos para enfrentar la inseguridad sin convertir las diferencias institucionales en otro obstáculo para el país.