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El diputado denuncia penalmente al ministro del MOPT, gerentes del CNC y autoridades de APM Terminals Moín.
"Delitos de fraude o estafa en perjuicio de Japdeva" motivaron al diputado del Partido Frente Amplio, José María Villalta, a interponer una denuncia penal contra el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez; autoridades del Consejo Nacional de Concesiones (CNC); y encargados de APM Terminals Moín.
El diputado josefino señala que, por orden el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), se están desviando buques -a la Terminal de Contenedores de Moín (TCM)-, que deberían ser atendidos por la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
Por esta razón, Japdeva estaría presentando perdidas millonarias, y APM Terminals "obteniendo un beneficio económico indebido".
Además, apunta que desde la transnacional holandesa, han hecho fraude a la hora de definir los buques que atienden.
"Personeros de APM han perpetado un fraude que consiste en presentar como barcos totalmente celulares (fully cellular) barcos portacontenedores que arriban a los puertos del Caribe y que claramente no lo son, para impedir que Japdeva pueda atenderlos según el contrato de concesión y así garantizarse la atención exclusiva de la totalidad de estos barcos", mencionó el diputado por medio de un comunicado de prensa.
Lo anterior, -denuncia el legislador- ha sido facilitado por el MOPT y el CNC, que además habrían incumplido obligaciones como realizar visitas para verificar los tipo de embarcaciones. .
"Estas acciones señalan una posible comisión de delitos de fraude o estafa en perjuicio de Japdeva y la Hacienda Pública, incumplimiento de deberes, prevaricato e influencia en perjuicio de la Hacienda Pública, entre otros", agregó Villalta.
Para el congresista, el gobierno pretende quebrar Japdeva, en vez de transformarla.
"Es claro que la intención del gobierno no es transformar Japdeva, si no quebrarla con acciones ilegales que le impiden trabajar. Insisten en que APM opere sin ninguna competencia aún después de que el sector exportador señalara el fiasco que ha resultado el proyecto. Las personas responsables del daño a una institución pública y la provincia de Limón deben asumir su responsabilidad y enfrentar las consecuencias", finalizó.
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