La comunidad de Talamanca continúa expectante el operativo de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de las secciones de Anticorrupción y Delitos Ambientales en las oficinas de la Municipalidad loca, la Secretaría Técnica Nacional (Setena) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
Sumado a ello, una de las diligencias más destacada se centró en la residencia del alcalde de Talamanca, Rugeli Morales, quien ahora se encuentra bajo el escrutinio de la ley.
Las autoridades han centrado sus esfuerzos en la recopilación de pruebas que podrían confirmar la existencia de una red de corrupción destinada a beneficiar intereses privados mediante la aprobación del Plan Regulador Costero. Este plan, que ha sido severamente criticado por ambientalistas y residentes locales, aparentemente contraviene normativas tanto nacionales como internacionales, poniendo en riesgo los ecosistemas del Refugio Mixto de Gandoca-Manzanillo.
Entre los delitos que se investigan están el prevaricato, incumplimiento de deberes, influencia contra la Hacienda Pública y falsedad ideológica. Según la Fiscalía Anticorrupción, funcionarios de la Municipalidad de Talamanca, Sinac, Setena y otras instituciones habrían colaborado con empresarios locales para eliminar humedales, talar árboles ilegalmente e invadir zonas protegidas.
Este nuevo allanamiento, que se suma a una serie de intervenciones en el municipio talamanqueño, no ha sorprendido a los lugareños, quienes ya empiezan a verlo como una lamentable rutina. Sin embargo, la gravedad de las acusaciones y la implicación directa del alcalde han generado un ambiente de incertidumbre y preocupación en la comunidad.
El Ministerio Público continúa con la investigación, y se espera que en los próximos días se emitan nuevas declaraciones sobre el avance del caso. Mientras tanto, la comunidad de Talamanca permanece atenta y preocupada por el futuro de su entorno natural y la integridad de sus gobernantes.
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