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Los diputados de la provincia de Limón reaccionaron al informe del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) que detectó irregularidades millonarias en el contrato del proyecto de la Ruta 32, que superan los dos millones setecientos mil dólares.
Para Katherine Moreira, diputada de Liberación Nacional, lamentó lo sucedido que “es una lástima que no se diera a conocer más datos, queremos que caiga todo el peso de la ley, pero también queremos ver terminada la ruta 32, esto viene a empeorar el ambiente que existe sobre esta carretera”
Además, María Marta Carballo, diputada de la Unidad Social Cristiana (PUSC), espera que se llegue a las últimas consecuencias, “es inaceptable que empresas se enriquezcan por medio del pueblo, que haya montos millonarios pagados a empresas y funcionarios, este dinero lo requerimos los limonenses para concluir esta carretera”, contó.
Entre los hallazgos preocupantes se determinó que el gestor CACISA había cobrado un 5% adicional en las órdenes de servicio, es decir, un 10% en lugar del 5% correspondiente, lo que representa alrededor de 425 mil dólares. Además, se pagaron 732 mil dólares por servicios de comunicación, también se realizaron desembolsos por más de 400 mil dólares en servicios jurídicos.
También la contratación de CACISA se realizaron las obras sin estar registrados adecuadamente en Hacienda. En cuanto a los diseños, se hicieron contrataciones por más de 1,2 millones de dólares sin pasar por la Contraloría General de la República y sin obtener las tres cotizaciones requeridas, además de no contar con la aprobación de la Dirección Ejecutiva.
Ante esto se tomó la decisión de la destitución del gerente de la unidad ejecutora del proyecto. También se ha contratado a un ingeniero externo para supervisar tanto a la unidad ejecutora del Conavi como a la empresa CHEC y al consorcio gestor CACISA CAMACHO Y MORA. Asimismo, se ha decidido no renovar el contrato con el gestor actual, promoviendo la contratación de un nuevo gestor para el proyecto.
